El Gobierno de la República anunció que publicará un nuevo concurso para la adjudicación de frecuencias de televisión digital, luego de que la Sala Constitucional anulara el proceso anterior tras acoger recursos que cuestionaban las condiciones del cartel. La decisión obligó al Poder Ejecutivo a retroceder en una de las apuestas regulatorias más sensibles en materia de telecomunicaciones.
El presidente Rodrigo Chaves Robles reaccionó con dureza al fallo. “La tenemos que obedecer, pero respetarla no”, afirmó en conferencia de prensa, donde calificó la resolución como “desastrosa y repudiable”. No obstante, confirmó que el Ejecutivo cumplirá la orden judicial y abrirá nuevamente el procedimiento en un plazo de tres meses.
¿Qué estaba en juego?
El concurso buscaba adjudicar la administración y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas a televisión abierta digital. Empresas del sector presentaron objeciones ante la Contraloría y recursos ante la Sala IV, alegando inconformidades con variables económicas y técnicas del cartel.
El fallo no entra a definir quién tiene la razón sobre el modelo ideal de adjudicación, pero sí establece que el procedimiento debía ajustarse para garantizar seguridad jurídica y condiciones equitativas.
Impacto político y regulatorio
Más allá del trámite administrativo, el episodio evidenció la tensión constante entre el Ejecutivo y la Sala Constitucional. El discurso presidencial elevó el tono político del debate, al señalar supuestos intereses empresariales detrás de las impugnaciones, aunque sin presentar pruebas públicas.
En términos prácticos, rehacer el concurso implicará revisar el cartel, abrir un nuevo periodo de consultas y recibir ofertas desde cero. Mientras tanto, el esquema actual de operación de las frecuencias se mantuvo sin cambios.
