El diputado Gilberto Campos Cruz, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), presentó un proyecto de ley que pretende modernizar el Código Penal de Costa Rica para enfrentar las ofensas al honor difundidas en redes sociales.
La iniciativa, denominada “Ley para garantizar la responsabilidad de las manifestaciones emitidas por redes sociales”, propone crear la figura penal de ofensas al honor agravadas cuando estas se cometan mediante plataformas digitales, medios de difusión masiva o comunicaciones electrónicas con amplio alcance.
Según el legislador, la legislación penal vigente fue aprobada en 1970, en un contexto en el que no existían redes sociales ni los actuales sistemas de difusión masiva de contenidos.
“El Código Penal fue diseñado para una realidad comunicativa completamente distinta a la del entorno digital contemporáneo”, señala la exposición del proyecto.
Influencers y alcance masivo en redes
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que la agravante aplicaría cuando las ofensas se difundan desde cuentas o plataformas con gran capacidad de alcance o influencia pública.
El proyecto plantea que esta figura pueda aplicarse cuando las manifestaciones se propaguen en redes sociales, medios digitales o espacios donde el contenido pueda viralizarse rápidamente, especialmente cuando provenga de personas con capacidad de influir en grandes audiencias.
El objetivo, según el proponente, es reconocer que en el entorno digital una acusación o señalamiento puede expandirse con gran velocidad y causar daños reputacionales difíciles de reparar.
Investigación quedaría en manos del Ministerio Público
El proyecto también plantea un cambio procesal importante. Las ofensas al honor agravadas se tramitarían como delitos de acción pública a instancia privada.
Esto significa que el proceso iniciaría con la denuncia de la persona afectada, pero la investigación y la persecución penal quedarían en manos del Ministerio Público de Costa Rica, evitando que la víctima tenga que enfrentar sola el proceso judicial.
Si la persona no logra presentar pruebas o estas resultan insuficientes para sustentar las acusaciones difundidas públicamente, la persona afectada quedaría habilitada para promover la acción penal correspondiente.
Debate sobre libertad de expresión
La propuesta se suma a un debate cada vez más presente en distintos países sobre la regulación del discurso en redes sociales y los límites entre la libertad de expresión y la protección del honor y la reputación de las personas.
De avanzar en la Asamblea Legislativa, el proyecto abriría una discusión jurídica y política sobre cómo adaptar el marco penal costarricense a la dinámica del ecosistema digital actual.
